Julio Prada: «Hitler no mató a tantos opositores como Franco»

Es muy complicado intentar explicarle una situación como la nuestra a los extranjeros. Con la eterna coletilla típica de los niños que empiezan a hablar del «¿y por qué?» nos harían un KO inmediato. Ni siquiera nosotros sabemos por qué está pasando –aunque nos hacemos una ligera idea–. Desde el 20-N estamos pasando a formar parte de Merkeland gracias a los pasitos que da nuestro señor presidente, pero ¿por qué cogemos lo peor de Alemania y nos deshacemos de lo que mejor tiene? Con el argumento de salvarnos de la crisis, estamos pareciéndonos cada vez más al franquismo o a la Alemania nazi. Y por supuesto, en este nuevo franquismo, dejamos de necesitar las Oficinas de Ayudas de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, porque en este país tenemos diez mil millones de asociaciones de víctimas contra el terrorismo, que para que nos vean desde fuera queda muy bonito; pero lo demás no vale para nada. Aun cuando sabemos que nos acercamos peligrosamente a la precariedad liberal de la Alemania merkeliana, España siempre quiere ir por delante. Quiso ir por delante en asesinatos, y ahora quiere ir por delante en dejarlos estar y en pasar página.

Montse Dopico, periodista independiente que colabor en una revista digital gallega que tiene nada más que tres días de vida, Dioivo, publicó una entrevista al historiador Julio Prada, profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Vigo en el campus de Ourense y autor de Geografía de la represión franquista en Galicia. Como está en galego, aquí la traduzco.

Hitler no mató a tantos opositores como Franco

El proyecto interuniversitario ‘Nomes e voces’ –’Nombres y voces’– realizó un trabajo de cartografiado y elaboración de fichas sobre los lugares de ejecución y enterramiento de las víctimas de la represión franquista. Éste es uno de los resultados de una investigación cuya metodología debe mucho al historiador Julio Prada, uno de los investigadores que iniciaron la indagación sobre el tema, alrededor de lo que reflexiona en el ensayo Geografía de la represión en Galicia, recientemente editado por Catarata.

■ Ni el juicio ni la depuración de los responsables de la represión, ni una política de reparación garantiza, según usted, una democracia de mayor calidad. ¿Cómo es esto?

Si vemos lo que ocurrió en distintos países, veremos que juicios, purgas, depuraciones y Comisiones de la Verdad no traen por sí mismos una democracia más profunda. La historia demuestra que, en esto, no hay nada mecánico ni preestablecido. La democracia es igual de fuerte en España, Hungría y Uruguay como en otros países que sí tuvieron juicios y purgas, como Portugal o Argentina.

■ La historiografía está revisando la imagen dominante de «transición modélica», la «memoria oficial» sacralizadora del «consenso», que se movió en el sentido de la equiparación moral entre vencedores y vencidos, en la tesis de las «responsabilidades compartidas». ¿Qué opina de esta revisión?

Yo creo que están haciéndose lecturas descontextualizadas de los acontecimientos. En aquel momento, se cambió la impunidad para los responsables de la violencia institucional ejercida durante cuatro décadas, por el reconocimiento de los partidos y sindicatos, libertades públicas, democracia… no parecía una transacción desventajosa para la oposición democrática, fragmentada y con un poder pequeño de negociación. La derecha sociológica todavía era fuerte. Si a eso, le unimos la experiencia traumática de guerra civil, la implicación social masiva en la represión a través de mecanismos como la delación, o el hecho de que ambos bandos cometieran atrocidades, se comprenderá que no es tan adecuado juzgar de una manera tan crítica una transición que optó por la reforma, y no por la ruptura. Exigir responsabilidades sobre el pasado podría empujar, además, a la derecha reformista hacia las visiones ultra.

La Iniciativa Galega pola Memoria acaba de pedir la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. ¿Qué le parece?

Es cierto que una amnistía que suponga la renuncia a exigir responsabilidades a los criminaes, si se acompaña del escaso interés en el reconocimiento de las víctimas, favorece que se asiente una sociedad poco respetuosa con su pasado y con sus derechos fundamentales, lo que puede abrir el camino al negacionismo, al revisionismo que niega la atrocidades cometidas. Pero en el caso español es esepcial y hay que tenerlo en cuenta. No es el caso de América Latina. Aquí hubo una guerra civil y, como ya he dicho, media España está implicada en la represión. Por eso, ¿sería operativo? ¿Hasta dónde llegaríamos? Porque hasta los años ’70 hubo represión. La ley española no es, además, la misma autoamnistía de la que se dotaron los militares chilenos o argentinos.

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■ Fue el Gobierno de Zapatero el que cambió, según comenta usted en el libro, la versión «oficial» sobre la memoria. Pero la Ley de Memoria Histórica tiene algunos defectos, ¿cuáles son?

Pienso que el principal fallo fue no considerar política de Estado el tema de las fosas, y dejarles esa responsabilidad a los particulares y a las asociaciones. Esto fue lo que llevó, además, a espectáculos como las denuncias contra el juez Garzón. Esto es lo que hace que Amnistía Internacional o la ONU consideren a España entre los Estados que tienen desaparecidos… En cuanto a la declaración de ilegalidad de los juicios franquistas, no es tan difícil desde el punto de vista jurífico: bastaría con la aprobación de una ley en el Parlamento en este sentido. Pero, ¿cuál sería el efecto? Que el Estado tendría que indemnizar a las víctimas: esto supondría la quiebra total del mismo. Sólo hay que pensar en todas las incautaciones de bienes que tendría que recompensar.

Respecto al juicio contra Garzón, comenta usted que son «discutibles» los argumentos de ambas partes. ¿Por qué?

Es un error confundir víctimas con desaparecidos. La cifra que da Garzón, de unos 114.000 es cuestionable por eso. No son desaparecidas las personas que sabemos dónde están enterradas. Después, que hablar de crímenes contra la humanidad en los años de la Guerra Civil supone una aplicación retroactiva del Derecho Internacional, porque en aquellos años todavía no estaba reconocida esa figura. Ya el propio Garzón extiende su argumento hasta finales de los años ’40 y principios de los ’50, después de los juicios de Nürnberg. Por el lado de los denunciantes: Manos Limpias, Falange… es evidente su motivación política.

■ El libro se detiene mucho en los debates conceptuales. Propone aplicar el término represión no sólo a la física, sino también a la económica, administrativa, social, psicológica…

Ese es un debate que no está cerrado todavía. La publicación Hispania Nova recoge las distintas opiniones de los historiadores, expresadas a raíz de esa moda de hablar de «holocausto» o de «genocidio». En el caso español es muy difícil, por ejemplo, definir qué elemento determina quién era el «enemigo»; y la definición jurídica de «genocidio» restringe la aplicación del término a lo que se dirige contra grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, excluyendo los perpetrados por motivos sociales o políticos. La cuestión es, además, que una perspectiva tan extensiva de conceptos como «genocidio» puede contribuir a desnaturalizarlos. Utilizar términos como «genocidio» parece que añade un plus de maldad a lo que pasí. Lo que hubo fue un «democidio», una matanza del pueblo. Pero en cuanto a las víctimas de la represión o del franquismo, no fue mejor que el fascismo italiano. Es más, Hutler mató a muchos judíos, pero no mató a tantos opositores como Franco.

■ También se para en cuestiones metodológicas, como contar los represaliados según de dónde son o según donde fueron asesinados. No es fácil, además, contar las víctimas de las operaciones de castigo y limpieza…

El criterio de territorialidad es el aceptado por la gran mayoría de los historiadores. Es la manera de evitar duplicidades. En ‘Nomes e voces’ no se hace exactamente así. Contamos el número de gallegos que mataron fuera de Galicia, y a los no gallegos que mataron en Galicia. La cuestión es que si Asturias también cuenta a los asturianos que murieron fuera de Galicia, estamos contando dos veces a la misma gente. Y hacer esto sólo es darle argumentos a los que están en contra de la recuperación de la memoria, pues pueden decir que exageramos las cifras.

■ Defiende el término «violencia paralegal» que incluiría los paseos, los asesinatos realizados al amparo de la Ley de Fugas… De los verdugo subraya a los falangistas, y a la responsabilidad de los militares por acción o por omisión. De la misma forma, subraya que parte de ellos fueron exmilitantes de izquierda; o que no eran sólo desclasados, sino también gente de la élite.

Las milicias armadas actuaron algunas veces con autonomía, pero eso no exime de responsabilidades a las autoridades militares, cuya actitud fue la inhibición, porque la violencia de las milicias servía a sus intereses. En cuanto a los exmilitantes de izquierda, hay que tener en cuenta que en la Segunda República, si querías trabajar en obra pública tenías que estar en un sindicado.  No fue, por eso, sólo una cuestión de miedo o de voluntad de ascender socialmente. Es que ya antes de unirse a los golpistas, no tenían un compromiso político con la izquierda. Y contra el tópico de que sólo eran desclasados, hay que decir que también había hijos de los señoritos de las mejores familias, que participan en los ataques al lado de los Guardias Civiles, milicianos… La violencia paralegal, por otro lado, adopta muchas formas: operaciones de ocupación de las poblaciones, y de castigo y limpieza, fusilamientos sin formación de causa y en aplicación del bando de guerra, paseos, sacas, aplicación de la Ley de Fugas, ejecuciones de prisioneros durante los traslados a la retaguardia, y otros asesinatos basados en la posición de poder que los golpistas le daban al sujeto activo del mismo. En Galicia, el 70% de las muertes fueron extrajudiciales. Y no es igual que fueran de una manera que de otra, porque eso nos da respuestas sobre la represión: dónde hubo más y menos resistencia…

■ La historiografía es clara en la cuestión de que la violencia franquista fue planificada y no un mero fruto del contexto de guerra. ¿Dónde está el debate entonces?

Si comparásemos Galicia con Andalucía o Extremadura, veríamos que en las dos últimas la violencia extrema se ejerció desde el momento del golpe, porque la resistencia fue fuerte. En Galicia no hubo guerra más que unos días, y en un primer momento y mientras no se clarificaba qué iba a pasar, incluso dejaron libre a gente que estaba retenida. Fue cuando se vio que el golpe no triunfaba cuando las represalias se hicieron más fuertes.

■ También discute que los eufemismos que aparecen en la documentación escondiendo los asesinatos se debieron al intento de negarlos, para no dañar la imagen de los golpistas. De la misma manera, entiende que la práctica de dispersar los cuerpos respondió a una estrategia más de imposición del terror.

Una Ley de Registro Civil de 1870, que permaneció vigente nueve décadas, establecía que cuando la muerte fuese violenta, se produjese en la cárcel o por ejecución capital, no se hicises constar esa circunstancia en el Registro Civil. Yo no creo que hubiese una intención de ocultamiento: al contrario. En las certificaciones que se remitían a los jueces desde los cementerios friguran expresiones como «pasado por las armas». También el traslado de los cuerpos a otras parroquias respondía a una costumbre más antigua y también establecida por la ley. Los cadáveres no identificados que presentaban señales de muerte violenta, no eran enterrados hasta que el juez pudiese practicar las diligencias oportunas, y si nadie reclamaba el cuerpo se enterraba en la parroquia más próxima. Lo peculiar de Galicia fue la dispersión. En otros lugares, la pauta fueron las fosas comunes. No se trataba de proteger el anonimato de los verdugos ni de esconder los cadáveres, sino de manifestar la absoluta arbitrariedad y desmesura de la violencia. 

■ Prefiere definir a las víctimas por una cuestión de estatus, más que de clase. En una sociedad, dice usted, en la que la adscripción política de cada uno dependía, a veces, más de la fidelidad al notable local que a una cuestión ideológica.

La represión fue selectiva, dirigida prioritariamente contra los sectores que ostentaban el poder, reconocimiento e influencia social y se identificaran con posiciones republicanas, izquierdistas o anticlericales: maestros, profesonales, pequeñoburgueses, obreros, campesinos, marineros… parte de ellos, dirigentes políticos o sindicales. Y si miramos en el ámbito local, la izquierda y la derecha no se definían muchas veces por una cosmovisión opuesta, sino que los dos bloques se formaban en base a otro tipo de fracturas, como la lealtad a un notable, pues las relaciones clientelares seguían siendo muy determinantes, a pesar de los avances de la Segunda República. La violencia tuvo además, un componente irracional, basado en las rencillas y venganzas de todo tipo. La imprevisibilidad de quién podía ser la víctima era una manera más de reforzar el terror.

En una comunidad autónoma como Galicia, que no presentó «resistencia» a la sublevación militar, no por pereza ni por gusto, sino por falta de armas y sobre todo, de acuerdo ente los gobernadores y posibles resistentes, murieron sólo en los años de guerra cerca de 4.000 gallegos. En tres años, en los cuales la guerra no llegó a entrar, murieron 4.000 gallegos. Dos tercios de esos 4.000 gallegos muertos en tierras gallegas durante la guerra, fueron asesinados a través de métodos «paralegales».

*Publicado originalmente en Periodista Sin Remedio, el 3 de marzo de 2012.

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